Escándalo en Ica: Cristal y Terrenos Estatales

Una fuerte controversia sacude el fútbol peruano, con epicentro en la región Ica. Una situación administrativa delicada ha terminado involucrando a Sporting Cristal, desatando una ola de cuestionamientos. Lo que parecía una cesión sin mayor importancia ha escalado hasta exponer una serie de decisiones que comprometen no solo al club celeste, sino también a entidades públicas y funcionarios. La información salió a la luz tras una investigación minuciosa de documentos y convenios firmados en el pasado.

El eje central del problema es un terreno de aproximadamente 9,000 metros cuadrados ubicado en Ica, propiedad del Estado y administrado por el Ministerio de Educación. Este predio era utilizado por un instituto tecnológico público de la zona. Sin embargo, la dirección de dicha institución, sin ostentar la propiedad del terreno, cedió su uso sin la debida autorización legal.

La cesión se materializó en 2019 a través de un convenio que otorgaba el uso del predio por varios años a una asociación civil. La irregularidad radica en que este acuerdo se concretó sin una evaluación previa de los beneficios que recibiría la institución educativa y sin la aprobación del sector correspondiente. Esta primera decisión sentó las bases para una serie de movimientos posteriores que hoy son objeto de controversia.

Posteriormente, la asociación que recibió el terreno actuó como intermediaria y lo cedió, a su vez, a Sporting Cristal. Desde entonces, el club ha estado utilizando el predio exclusivamente para el funcionamiento de una academia de fútbol. Esta actividad, de carácter privado y con fines lucrativos, se desarrolla en un bien de propiedad estatal.

Según el informe que revela el caso, el principal beneficiario de esta operación sería el club deportivo. Mientras tanto, la entidad educativa no recibe ningún beneficio económico, académico o social por el uso del terreno. Además, esta ocupación limita la capacidad del Estado para implementar proyectos de mejora en la infraestructura del instituto.

A esta situación se añade un elemento de preocupación aún mayor: el recinto ha sido catalogado como de alto riesgo en materia de seguridad, debido a que no cumple con las condiciones mínimas exigidas. A pesar de ello, se realizan actividades deportivas con menores de edad en el lugar, sin los certificados necesarios ni un control de accesos adecuado.

La investigación también apunta a posibles responsabilidades individuales. Se han identificado presuntas faltas administrativas y penales por parte de funcionarios que autorizaron y permitieron la cesión del terreno sin el respaldo legal correspondiente. Las observaciones alcanzan a cargos directivos y áreas administrativas que participaron en el proceso.

Ante este panorama, el caso ha sido remitido a las instancias legales correspondientes para el inicio de las acciones legales pertinentes. La polémica continúa creciendo, colocando a Sporting Cristal en el centro de un debate que va más allá del ámbito deportivo, abriendo interrogantes sobre el uso de bienes públicos y la fiscalización de este tipo de convenios en el fútbol peruano.